¿Debe aplicar la Administración la inteligencia artificial y el big data?

El debate está en la calle. Es evidente que la Administración Pública tiene la obligación de evitar prácticas fraudulentas que perjudiquen al resto de ciudadanos.

Es evidente también que estas prácticas fraudulentas pueden ser evitadas con mayor eficacia utilizando la inteligencia artificial y el big data.

Pero, ¿cómo hacerlo sin poner en peligro la privacidad del conjunto de ciudadanos?

Es una difícil cuestión que hay que resolver a tenor de las nuevas directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021.

Se trata de nuevos mecanismos para combatir la evasión fiscal.

En esta ocasión se hace especial incidencia sobre los ciudadanos que cambian su residencia fuera de España con el objetivo de pagar menos impuestos.

El caso de los youtubers que se marchan a Andorra

En España ha habido un fuerte debate (y agrio) debido a la decisión de varios youtubers famosos de cambiar su residencia a Andorra para pagar menos impuestos.

Una parte de la sociedad ha visto con buenos ojos este cambio al considerar que en España se pagan  muchos impuestos.

Otra parte de la sociedad le ha tildado de insolidarios ya que estos youtubers también han disfrutado de servicios sanitarios y educativos del Estado de Bienestar y ahora, cuando toca aportar, cambian su domicilio para no hacerlo.

Precisamente lo que pretende este Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021 es poder verificar dónde están residiendo efectivamente estos ciudadanos que han decidido no contribuir en España pero que son españoles.

Así que se trata  de poder determinar si algunas de estas personas están en España durante más de 183 días.

Si lo estuviera tendría que pagar los impuestos en España. Para poder comprobar esta situación se necesita la ayuda de la inteligencia artificial y el big data. De lo contrario sería una misión imposible.

Preocupación por la privacidad

Pero especialistas en el tema ya han expresado su preocupación por el uso de estas nuevas tecnologías ya que incluso puede representar un riesgo para la sociedad desde el punto de vista jurídico.

Abogan por una mayor transparencia con el fin de evitar que se vulneren derechos básicos para los ciudadanos españoles como el de la privacidad.

Según estos mimos especialistas el Plan de Control Tributario tienen muchas lagunas respecto a cómo se van a utilizar estas nuevas tecnologías.

El desarrollo de este Plan está lleno de "conceptos abstractos que conllevan a la confusión e incertidumbre sobre el tipo de datos y la forma en que éstos serán utilizados".

La Administración Pública, ya sea el Ministerio de Hacienda o cualquier otro, tienen la obligación de defender al conjunto de los ciudadanos y ofrecerles servicios de calidad que no pueden llegar de otra manera sino vía impuestos. 

Son los principios de eficiencia y eficacia que debe regir en cualquier organismo público.

Pero, ello no es óbice para que a través de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el big data no se resguarden los datos de las personas y su privacidad tal y como se puede leer en el artículo 18 de la Constitución Española.

La protección de datos y la privacidad de las personas es un debate abierto en todos los sectores productivos ya que determinadas empresas también están haciendo uso de los datos de sus clientes sin contar con una adecuada protección.

Además, y según los últimos datos, las empresas –y aquí se puede incluir también a la administración pública- tienen un largo camino por recorrer en cuando a ciberseguridad.

Proteger la información sensible tanto de ciudadanos como clientes debe ser una máxima.

El consumo de internet se ha disparado como consecuencia de la pandemia como también lo ha hecho el sector del comercio electrónico.

Sin embargo, muchas empresas e instituciones no cuentan con un especialista en seguridad informática en sus plantillas y esto es algo que todavía hay que corregir.